Depende del tipo de defecto. Los daños derivados de una ejecución deficiente prescriben al año, los que afectan a la habitabilidad a los tres años, y los que comprometen la seguridad estructural del edificio (responsabilidad decenal) a los diez años. En cualquier caso, la acción para reclamar caduca a los dos años desde que se detecta el defecto.

Es la obligación que la Ley de Ordenación de la Edificación impone a promotores, constructoras y técnicos de responder durante diez años por los vicios o defectos que afecten a la seguridad estructural del edificio, como grietas, hundimientos o fallos en la cimentación.

Sí, especialmente si el inquilino niega su responsabilidad o discutes el alcance del daño. Un informe pericial documenta el estado del inmueble, valora económicamente los desperfectos y sirve como prueba técnica tanto para una reclamación amistosa como para un procedimiento judicial.

La ITE es una revisión periódica obligatoria que evalúa el estado general de conservación de un edificio según establece la normativa municipal. Un informe pericial, en cambio, se elabora para un caso concreto —un defecto, un siniestro o una reclamación— y tiene como finalidad servir de prueba técnica ante un juez, una aseguradora o la parte contraria.

Debe documentar el daño con pruebas objetivas (fotografías, mediciones, ensayos técnicos), identificar su origen y contrastarlo con la normativa de edificación aplicable. Un informe sin base normativa clara pierde fuerza probatoria, por lo que es fundamental que lo firme un perito ingeniero cualificado.

El coste varía según la superficie a inspeccionar, el tipo de defecto y si se requieren pruebas técnicas adicionales como termografía o ensayos acústicos. En Valórex hacemos un estudio previo sin compromiso para informarte del presupuesto antes de comenzar.